Cooperativa Rio Grande.

Cooperativa Rio Grande.

lunes, 10 de septiembre de 2012

Querella de Constitución en Actor Civil de un accidente de Tránsito



                  

PRESENTADO POR:

José Enrique  Hernández Peña, 09-0765


                  
HERNANDEZ ARACENA SOSA & ASOCIADOS, S. A.
Abogados & Notaría
RNC 101-22458-8

AL                                    :     MAGISTRADO FISCALIZADOR DEL JUZGADO DE PAZ ESPECIAL DE TRANSITO DEL                                                      MUNICIPIO DE SANTIAGO,  GRUPO NO. I.

ASUNTO                         :     ESCRITO DE QUERELLA CON CONSTITUCIÓN     EN ACTOR CIVIL Y DEMANDA EN DAÑOS Y  PREJUICIOS.

ACTOR CIVIL               :    AURORA RODRIGUEZ NOESI

DEMANDADOS            :     AMADO ANTONIO ESPAILLAT COLLADO,                                         portador de la cédula de identidad y electoral  No. 031-126445-7; domiciliado y residente en la  calle 5. No.0, Arroyo Hondo Abajo, de esta  ciudad                                                          de santiago, Republica Dominicana (IMPUTADO);                                                          MILAGROS GOMEZ ESPAILLAT, domiciliado  y residente en la calle 5 No.10, Arroyo Hondo Abajo,  Santiago (TERCERO CIVILMENTE DEMANDADO                                                          Y BENEFICIARIO DE LA POLIZA

OPONIBILIDAD            :     DE LA SENTENCIA A INTERVENIR A LA                                                      COMPANIA SEGUROS DHI-ATLAS, S.A., con                                                      asiento en la calle Paralela No 3. Los Jardines                                                        Metropolitanos, Santiago, República Dominicana.

VIOLACION            :     ARTICULOS 49, Párrafo 1, 50, 61, 65, y 102, DE                                                            LA LEY No 241, SOBRE TRANSITO DE                                                           VEHICULOS DE MOTOR, MODIFICADA POR                                                            LA LEY 114-99.



HONORABLE MAGISTRADO:

                                                         La señora AURORA  RODRIGUEZ NOESI, dominicana, mayor de edad , soltera, portadora de la Cédula de Identidad y Electoral No.034-00569305-6, domiciliado y residente en la calle 4, No 4, Manzana D, Villa Liberación , La Otra Banda de esta ciudad de Santiago , quien tiene como abogados y apoderados especialmente al LICDO. JOSE ENRIQUE HERNANDEZ PEÑA y al LICDO. JOVANNY ARACENA, abogados de los tribunales de la Republica Dominicana, mayores de edad , casado y soltero, provistos de las cédulas de identidad y electoral Nos. 031-0042987-8 y 031-0034874-5, Matrículas Nos 13365-385-09 y 19893-986-09, con estudio profesional en común abierto en la calle Rieles de Gurabo, Urbanización Jardines del Llano I, Edif. M, Apt. 2-A,  República Dominicana con teléfono No.809 471 3344 donde el Actor Civil hace y formula formal y expresa elección de domicilio para todos los fines y consecuencias legales de la presente instancia, tienen a bien someter la presente Querella y demanda en danos y prejuicios, con constitución en actor civil amparado en los siguientes medios de prueba, hechos, motivos y conclusiones:


RELATO CIRCUNSTACIADO DEL HECHO, SUS ANTECEDENTES O
CONSECUENCIAS CONOCIDOS:


ATENDIDO: A que en fecha 14 del mes de Febrero del año 2012, siendo aproximadamente las 18:15 horas, mientras el señor AMADO ANTONIO ESPAILLAT COLLADO,  quien conducía el vehículo placa No. G153077 Chasis No. JTEHH30VX26066632 Modelo 2003, Color Negro, propiedad de MILAGROS GOMEZ ESPAILLAT, y asegurado en la compañía SEGUROS DHI-ATLAS , transitaba de manera salvaje , brutal, a exceso de velocidad y con temeridad en la  Av. Circunvalación en dirección Norte-Sur, ATROPEYO al señor TRAJANO MIGUEL RODRIGUEZ  FERMIN, de 59 años de edad, causándole; TRAUMA CRANEO ENCENFALICO, ocasionándole la muerte; por lo cual dicho señor es sometido a los Tribunales de la República Dominicana por violación a los artículos 49  Párrafo I, 50, 61, 65 y 102 de la Ley No. 241 sobre Tránsito de Vehículos de Motor, Modificada Por la Ley 114-99.

ATENDIDO: A que el accidente  se produjo por inadvertencia, negligencia, imprudencia, torpeza y violación de los reglamentos cometidos por el señor AMADO ANTONIO ESPAILLAT COLLADO, ya que conforme a la ocurrencia de los hechos, pudo fácilmente evitar el accidente, lo que no hizo;

ATENDIDO: Que, la primera OBLIGACION de una persona que maneja un vehículo de motor, aparato que es asimilado por la jurisprudencia francesa, a una BOMBA DE TIEMPO, y por la dominicana, “COMO FUENTE PERMANENTE DE PELIGRO”, es evitar el accidente, no cometiendo las faltas y violaciones a la ley como haría un buen padre de familia, realizando la maniobra feliz que evite el accidente;

ATENDIDO: Que, Conforme al artículo 49, párrafo 9no. De la Ley No. 241, sobre Tránsito de Vehículos de Motor, la falta de la víctima no exime la responsabilidad a un conductor, salvo que sea totalmente imprevisible e irresistible, es decir, que reúna los caracteres de la fuerza mayor, lo que no se produce en el presente caso;

ATENDIDO: Que es jurisprudencia constante, que los Jueces no pueden promover el oficio de la víctima, aún parcial, ya que, se trata ahí, de un medio de defensa que debe ser invocado por el prevenido;


DAÑO CUYO RESARCIMIENTO SE PRETENDE;
FORMA Y CLASE DE REPARACION:


ATENDIDO: Que el informe preliminar de levantamiento de cadáver, expedido por el Medico Legista del Distrito Judicial de Santiago, sufrió trauma cráneo-encefálico severo, politraumatizado, que le ocasionaron LA MUERTE.

ATENDIDO: A que, como consecuencia de las graves heridas, el trauma cráneo-encefálico severo , que le ocasionaron la muerte al señor TRAJANO MIGUEL RODRIGUEZ FERMIN, la Actora Civil y Querellante , en Su condición de HIJA del señor fallecido ha sufrido daños y prejuicios morales y materiales, los cuales se han estimado en la suma de CINCUENTA MILLONES DE PESOS (RD$50.000.000.00);
tímidamente evaluados, puesto que, conforme a la jurisprudencia , el daño moral comprende el Pretium doloris, los dolores sentimentales, los insomnios, el sentimiento de inferioridad , incapacidad fisiológica, que reduce su producción y mas aún, la dificultad o privación de entregarse libremente, a algunas actividades normales del placer de vivir, con su cortejo de frustraciones, imposibilidades , de lentitudes y molestias;


ATENDIDO: Que, todos los Jueces del mundo, para evaluar el prejuicio así sufrido, siempre toman en cuenta el alto costo de la vida, de los medicamentos, gastos de hospitalización, gastos médicos, de prótesis, y sobre todo , la inflación que golpea a la economía y ciudadanos de un país;

ATENDIDO: Que, el Art. 124 de la Ley No. 146-02 sobre Seguros y Fianzas de la República Dominicana establece lo siguiente:

Art124- Para los fines de esta ley, se presume que:

a)      La Persona que conduce un vehiculo de motor o remolque asegurado, lo hace con la expresa autorización del suscriptor de la póliza o del propietario del vehículo asegurado.

b)      El suscriptor o asegurado de la póliza o el propietario del vehículo asegurado es comitente de la persona que le conduzca y por lo tanto civilmente responsable de los danos causados por éste vehículo.


PARRAFO.- Las dos presunciones anteriores admiten la prueba en contrario, para lo cual deberá probarse que el vehículo de motor o remolque había sido robado, vendido o en otra forma traspasado, siempre que se pruebe, mediante documento con fechas ciertas, algunas de ésas circunstancias.-


ATENDIDO: A que, la señora MILAGROS GOMEZ ESPAILLAT, es responsable civilmente de todos los daños y perjuicios sufridos por el actor civil y querellante , ya que el seguro que ampara dicho vehículo está a su nombre, conforme a la Certificación de la Superintendencia de Seguros que reposa en el expediente; Que asimismo, la señora MILAGROS GOMEZ ESPAILLAT, es igualmente responsable, ya que el vehículo está matriculado a su nombre, conforme a la Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos;





OFRECIMIENTO DE ELEMENTOS DE PRUEBA:

A fines de la mejor comprobación de la verdad ofrecemos como elementos o documentos probatorios los que a continuación se citan:

I- PRUEBAS DOCUMENTALES O ESCRITAS:

  1. CERTIFICACION DE LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS NUMERADA 3245, A CARGO de la señora MILAGROS GOMEZ ESPAILLAT, de fecha 10/06/2010, con la cual pretendemos probar  que la compañía que asegura los daños ocasionados por el vehículo en el siniestro de referencia es SEGUROS DHI ATLAS, S. A., y que el Beneficiario de la Póliza del vehículo causante del accidente, es la señora MILAGROS GOMEZ ESPAILLAT.

  1. CERTIFICACION DE LA DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS, de fecha 09/04/2010, a cargo de la señora MILAGROS GOMEZ ESPAILLAT, con la cual pretendemos probar que la señora MILAGROS GOMEZ ESPAILLAT, es el Tercero Civilmente  Demandado o Propietario del vehículo que ocasionó los daños.

  1. EXTRACTO DE ACTA DE NACIMIENTO REGISTRADA CON EL NO. 00305 INSCRITA EN EL LIBRO NO.00370, FOLIO NO 0285 DEL ANO 1986, a nombre de la inscrita AURORA RODRIGUEZ NOESI, con la cual pretendemos demostrar la calidad de HIJA de la señora AURORA RODRIGUEZ  NOESI,  respecto de su PADRE fallecido TRAJANO MIGUEL RODRIGUEZ FERMIN, para reclamar por ante los TRIBUNALES de la República Dominicana y demandar en daños y prejuicios.

  1. EXTRACTO DE ACTA DE DEFUNCION A NONBRE DE TRAJANO MIGUEL RODRIGUEZ FERMIN, registrada con el No. 006509, inscrita en el Libro NO. 00988. Folio NO. 00787 del año 2012 con la cual pretendemos demostrar el hecho del FALLECIMIENTO del señor TRAJANO MIGUEL RODRIGUEZ FERMIN, a consecuencia de accidente de tránsito de fecha 14/02/2012, y justificar la aplicación del articulo 49 Párrafo I de la Ley No.114-99, que modifica la Ley No.241, sobre Tránsito de Vehículos de Motor.

  1. ACTA POLICIAL No. 8877, de fecha 14 de Febrero del 2012, con la cual pretendemos la ocurrencia del siniestro tipo ATROPELLO, los datos del vehículo envuelto en el mismo y de las personas involucradas, esto es la existencia de un accidente donde resultó un fallecido, y el ilícito penal.

  1. PODER CUOTA LITIS DEBIDAMENTE LEGALIZADO POR LA LICDA. MARIA CELESTE SOSA, NOTARIO PÚBLICO DE LOS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO, MATRICULA NO. 9865, con el cual pretendemos probar el apoderamiento de los abogados para actuar en justicia, conforme las prescripciones del artículo 118 del Código Procesal Penal.


II- PRUEBAS TESTIMONIALES:


  • Las declaraciones del señor JUAN JOSE RAMIREZ PEREZ, dominicano, mayor de edad, portador de la Cédula de Identidad y Electoral No. 031-0054504-0 domiciliado y residente en el Barrio Nuevo, La Otra Banda, No. 25-A, Santiago de los Caballeros, con la cual pretendemos probar la ocurrencia del accidente tipo atropello, el hecho del abandono de al víctima, el exceso de velocidad y manejo temerario del imputado, la forma y manera de la ocurrencia del siniestro y la falta del imputado.




FORMULACION PRECISA DE CARGOS Y FUNDAMENTO PROCESAL PENAL.


ATENDIDO: Que las pruebas materiales, hechos y circunstancias de la ocurrencia del siniestro, le sindican al encartado AMADO ANTONIO ESPAILLAT COLLADO, la violación de los ARTICULOS 49 Párrafo I, 50, 61, 65 y 102, de la Ley No. 241 SOBRE TRANSITO DE VEHICULOS DE MOTOR, MODIFICADA POR LA LEY 114-99, en el siguiente orden, justificación, tenor y especie:

ATENDIDO: Que la violación del artículo 49, Párrafo I, modificado y ampliado por la Ley 114-99, sobre Tránsito de Vehículos de Motor, se configura las lesiones que le causaron la muerte del señor TRAJANO MIGUEL RODRIGUEZ FERMIN, el cual artículo establece: Golpes o heridas causadas inintencionalmente con el manejo de un vehículo de motor. “El que por torpeza, imprudencia, inadvertencia, negligencia o inobservancia de las leyes y reglamentos causar inintencionalmente, con el manejo o conducción de un vehículo de motor, un accidente que ocasionare golpes o heridas, se castigará con las penas siguientes: “a) De seis (6) días a seis (6) meses de prisión y multa de cien pesos (RD$100.00) a seiscientos pesos (RD$600.00), si del accidente resultare al lesionado una enfermedad o imposibilidad de dedicarse a su trabajo por un tiempo no mayor de diez (10) días;  “b) De tres (3) meses a un (1) año de prisión y multa de trescientos pesos (RD$300.00) a mil pesos (RD$1,000.00), si el lesionado resulta enfermo o imposibilitado de dedicarse a su trabajo por diez (10) días o más,  pero menos de veinte (20) días; “c) De seis (6) meses a dos (2) años de prisión y multa de quinientos pesos (RD$500.00) a dos mil pesos (RD$2,000.00), si la enfermedad o imposibilidad para su trabajo dura veinte (20) días o más.  El juez, además, ordenará la suspensión de la licencia por un período no mayor de seis (6) meses. “d) De nueve (9) meses a tres (3) años de prisión y multa de setecientos pesos (RD$700.00) a tres mil (RD$3,000.00) si los golpes o heridas ocasionaren a la víctima una lesión permanente. El juez, ordenará además, la suspensión de la licencia de conducir por un período no menor de seis (6) meses ni mayor de dos (2) años.  “1.- Si el accidente ocasionare la muerte a una o más personas, la prisión de dos (2) años, y la multa de dos mil pesos (RD$2,000.00) a ocho mil pesos (RD$8,000.00). El juez ordenará, además, suspensión de la licencia de conducir por un período no menor de dos (2) años o la cancelación permanente de la misma; todo sin perjuicio de la aplicación de los artículos 295, 297, 298, 299, 300, 302, 303 y 304 del Código Penal, cuando fuere de lugar.

ATENDIDO: Que el artículo 50 de la Ley 241, fue violado por el imputado, en razón de que abandonó a la víctima en el lugar del accidente, lo que demostraremos mediante los testigos sometidos, y el cual artículo establece: “Art. 50. Todo conductor debe detenerse en el sitio del accidente; a) Todo conductor del vehículo envuelto en un accidente detendrá inmediatamente su vehículo y se estacionará en forma tal, que no obstruya el tránsito más de lo necesario y permanecerá en el lugar del accidente hasta haber cumplido con los siguiente: (1) dar su nombre, dirección, número de licencia o identificación de su vehículo a la persona perjudicada, o a cualquier acompañante, o agente del orden público; (2) prestar ayuda, a los heridos, si los hubieren, incluyendo llevarlos a un hospital o a donde se les pueda dar ayuda médica salvo que fuere peligroso para el herido moverlo o que expresamente no lo consintiere el herido o cualquier otra persona que lo acompañare. “b) Estará exento de dicha obligación el conductor del vehículo si como resultado del accidente su condición física no le permitiera cumplir con las disposiciones precedentes. “c) Toda persona que faltare injustificadamente a lo dispuesto en este artículo, será culpable de delito de abandono y será castigada con prisión por un término no menor de seis (6) meses ni mayor de dos (2) años, en adición a las otras penas a que hubiera lugar de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 49. Además el tribunal ordenará la suspensión de la licencia de conducir por un término no menor de un (1) año, o la cancelación de la misma a su discreción”.

ATENDIDO: Que el artículo 61 de la Ley No. 241, sobre Tránsito de Vehículos de Motor, fue violado por el imputado, en razón de que se transitaba a exceso de velocidad, y el artículo 65, pues conducía con temeridad; artículos que establecen: Art. 61.- Regla básica. Limites. “a) La velocidad deberá regularse con el debido cuidado, teniendo en cuenta el ancho, tránsito  uso y condiciones de la vía pública. Nadie deberá guiar a una velocidad mayor de la que le permite ejercer el debido dominio el vehículo y reducir la velocidad o para cuando sea necesario para evitar un accidente. “b) Cuando no existan los riesgos que requieran una velocidad baja, se considerarán cómo límites máximos siguientes: 1. En la zona urbana, treinta y cinco (35) kilómetros por hora; 2. En la zona rural, sesenta (60) kilómetros por hora, con excepción de vehículos pesados de motor y ómnibus, incluyendo los escolares, cuya velocidad máxima no deberá exceder de cincuenta (50) kilómetros por hora; 3) En una zona escolar según la identifique el director, de 6:00 a.m. (seis de la mañana) a 6:00 p.m. (seis de la tarde) y durante los días de las clases, veinticinco (25) kilómetros por hora. “De conformidad con los requisitos expresados en el inciso (a) el conductor de todo vehículo deberá conducirlo a una velocidad adecuadamente reducida al acercarse y cruzar una intersección o cruce ferroviario; al acercarse y tomar una curva; al acercarse a una cuesta de la vía publica; cuando transitare por una vía pública estrecha y tortuosa, y cuando existieren riesgos especiales para los peatones y el tránsito, o por razones de las condiciones del tiempo o de la vía pública. “d) Queda terminantemente prohibido competir en velocidad en las vías públicas. Cualquier persona que violare lo dispuesto en este inciso, será castigada al pago de una multa que no será menor de cincuenta pesos (RD$50.00) ni mayor de doscientos pesos (RD$200.00) o a cumplir una pena de prisión que no será menor de un (1) mes ni mayor de tres (3) meses; y el Art. 65.- Conducción temeraria o descuidada.  Toda persona que conduzca un vehículo de motor de manera descuidada y atolondrada, despreciando desconsiderablemente los derechos y la seguridad de otras, o sin el debido cuidado y circunspección, o de la manera que ponga o pueda poner en peligro las vidas o propiedades, será culpable de conducción temeraria descuidada y se castigará con multa no menor de cincuenta pesos (RD$50.00) ni mayor de doscientos pesos (RD$200.00) o prisión por un término no menor de un (1) mes ni mayor de tres (3) meses o ambas penas a la vez.  En los casos de reincidencia, el acusado se castigará con multa no menor de cien pesos (RD$100.00) ni mayor de trescientos pesos (RD$300.00), o con prisión por un termino no menor de un (1) mes, ni mayor de seis (6) meses, o ambas penas a la vez. Además, el tribunal ordenara la suspensión de su licencia de conducir por término no menor de tres (3) meses ni mayor de un (1) año.

ATENDIDO: Que el artículo 102 de la Ley No. 241, fue violado por el imputado, pues al transitar en el referido tramo carretero, despreció los derechos del peatón fallecido, TRAJANO MIGUEL RODRIGUEZ FERMIN, impactándole de manera brutal y salvaje, y el cual se configura por el simple hecho del atropello, sancionado por el artículo 102 de la Ley 241, que dice: Art. 102.- Deberes de los conductores hacia los peatones.  “a) Toda  persona que conduzca un vehículo por las vías públicas, estará obligado a: 1. Ceder el paso a todo peatón que en el uso de sus derechos esté cruzando una vía pública por un paso de peatones. 2. No rebasar a otro vehículo que se encuentre detenido o hubiere reducido la velocidad por estarle cediendo el paso a un peatón en un paso de peatones. 3. Tomar todas las precauciones para no arrollar a los peatones. Estas precauciones serán tomadas aún cuando el peatón estuviere haciendo uso incorrecto o prohibido de la vía pública. El uso de la bocina por sí solo, no eximirá al conductor de responsabilidad si tal uso estuviere acompañado por otras medidas de seguridad. “b) Toda persona que condujere por las vías públicas y violare las disposiciones de éste artículo, se castigará con multa que no será menor de veinticinco pesos (RD$25.00) ni mayor de cien pesos (RD$100.00).

ATENDIDO: A que en el aspecto del derecho procesal penal, y el ejercicio de los Actores Civiles y Querellantes de la vía civil accesoria a la represiva o penal para obtener condignas reparaciones, y penas de prisión en contra de los demandados, bajo el régimen de Acción Pública a Instancia Privada, las pretensiones se fundamentan en los artículos 50, 85, 118, 267 y 268 del Código Procesal Penal.

ATENDIDO: Que el artículo 50 del Código Procesal Penal Dominicano, expone: La acción civil para el resarcimiento de los daños y perjuicios causados o para la restitución del objeto materia del hecho punible puede ser ejercida por todos aquellos que han sufrido por consecuencia de este daño, sus herederos y sus legatarios, contra el imputado y el civilmente responsable. La acción civil puede ejecutarse conjuntamente con la acción penal conforme a las reglas establecidas por este código, o intentarse separadamente ante los tribunales civiles, en cuyos casos se suspende su ejercicio hasta la conclusión del proceso penal. Cuando ya se ha iniciado ante los tribunales civiles, no se puede intentar la acción civil de manera accesoria por ante la jurisdicción penal. Sin embargo, la acción civil ejercida accesoriamente ante la jurisdicción penal puede ser desistida para ser reiniciada ante la jurisdicción civil;

ATENDIDO: Que el primer Párrafo del artículo 85 del Código Procesal Penal otorga a la víctima calidad de querellante, con calidad para solicitar sanciones penales en contra del imputado, en el siguiente tenor: “Art. 85. Calidad. La víctima o su representante legal puede constituirse como querellante, promover la acción penal y acusar en los términos y las condiciones establecidas en este código”;

ATENDIDO: que en este mismo tenor el artículo 118 del Código Procesal Penal precisa: “Constitución en Parte Civil. Quien pretende ser resarcido por el daño derivado del hecho punible debe constituirse en actor civil mediante demanda motivada. El actor civil interviene a través de un abogado y puede hacerse representar, además por mandatario con poder especial”;

ATENDIDO: Que los artículos 267 y 268 del Código Procesal Penal justifican la Querella de la siguiente manera: “Art. 267. Querella. La querella es el acto por el cual las personas autorizadas por este Código promueven el proceso penal por acción pública o solicitan intervenir en el proceso ya iniciado por el ministerio público, y Art. 268. Forma y contenido. La querella se presenta por escrito ante el ministerio público y debe contener los datos mínimos siguientes: 1. Los datos generales de identidad del querellante; 2. La denominación social, el domicilio y los datos personales de su representante legal, para el caso de las personas jurídicas; 3. El relato circunstanciado del hecho, sus antecedentes o consecuencias conocidos, si es posible, con la identificación de los autores, cómplices, perjudicados y testigos; 4. El detalle de los datos o elementos de prueba y la prueba documental o la indicación del lugar donde se encuentra”;


ATENDIDO: Que, el artículo 1382 del Código Civil establece lo siguiente: “Cualquier hecho del hombre que causa a otro un daño obliga a aquel por cuya culpa sucedió a repararlo”;

ATENDIDO: Que, asimismo, el Párrafo 3ro. del artículo 1384, del Código Civil, establece que: “No solamente es uno responsable del daño que causa un hecho suyo, sino también del que causa por hechos de las personas de quienes se debe responder”, creando la responsabilidad civil de los comitentes;

ATENDIDO: Que, de igual manera, el artículo 1383 del Código Civil establece: “Cada cual es responsable del perjuicio que ha causado, no solamente por un hecho suyo, sino también por su negligencia o su imprudencia”;

ATENDIDO: Que, en ésa virtud la función principal de la responsabilidad civil es de asegurar la reparación de daños y perjuicios sufridos por las víctimas, que según la RESOLUCION NO. 40-34, de fecha 11 de Diciembre del año 1985, votada por la ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU), las víctimas deben ser tratadas con dignidad, compasión y rapidez;

ATENDIDO: Que, nuestro país, como Estado, miembro de la ONU, debe preocuparse por cumplir dicha RESOLUCION,  y en este caso, el ESTADO,  lo representa el JUEZ;

ATENDIDO: Que, los Jueces son soberanos para evaluar, los daños y perjuicios de las víctimas, para reparar el daño, todo el daño, y nada más que el daño, teniendo en cuenta las consecuencias que produce, sobre todo, el daño moral, que necesariamente debe ser evaluado de manera objetiva;

ATENDIDO: Que la suma fijada en la indemnización, se debe fundamentar también por el hecho de la perdida del valor adquisitivo del peso dominicano, frente a la moneda internacional, lo que ha producido un acrecentamiento indetenible de los costos, que siendo así, el juez que se rige por un razonamiento lógico está en la obligación de tomar en cuenta la variación y/o fluctuación, viniendo a ser una consecuencia inmediata y directa, sobre todo, que las indemnizaciones a reponer no volverán al status que al momento del accidente, sino una estimación o apreciación valórable y estimable en dinero. Que no sería más que una cláusula de indexación tácita o sobreentendida;

ATENDIDO: A que toda parte que sucumbe en justicia será condenada al pago de las costas;

ATENDIDO: A que las decisiones judiciales son oponibles a las entidades aseguradoras cuando estas son puestas en causa en las persecuciones seguidas a sus asegurados.






CONCLUSIONES DE AUDIENCIA PRELIMINAR



ATENDIDO: Que en su momento oportuno, conforme a las disposiciones de los artículos 298, 299, 300, 301, 302 y 303 del Código Procesal Penal, el juez de la Instrucción o Juez de la Audiencia preliminar, tenga a bien fallar de la siguiente manera:

PRIMERO: Que se admita de manera total la Querella con Constitución en Actor Civil y Demanda en Daños y Perjuicios del Actor Civil y Querellante, por ser buena en la forma.

SEGUNDO: Que sea admitido como Actor Civil y Querellante a la señora AURORA RODRIGUEZ NOESI, en su calidad de HIJA del señor fallecido TRAJANO MIGUEL RODRIGUEZ FERMIN.

TERCERO: Identificar como partes para el juicio de fondo a los señores:
  • AURORA RODRIGUEZ NOESI,  como actor civil y querellante.
  • AMADO ANTONIO ESPAILLAT COLLADO, como IMPUTADO.
  • MILAGROS GOMEZ ESPAILLAT, en su condición de BENEFICIARIO DE LA POLIZA Y TERCERO CIVILMENTE DEMANDADO.
  • SEGUROS DHI ATLAS, S.A., como aseguradora de los riesgos del vehículo causante del siniestro.
  • JUAN JOSE RAMIREZ PEREZ, como testigo a cargo.

CUARTO: Que sean admitidos todos los elementos de prueba que figuran en la presente instancia de Constitución en Actor Civil, fundamento de las pretensiones de nuestros patrocinados.

QUINTO: Acreditar como testigo al señor JUAN JOSE RAMIREZ PEREZ, para el juicio de fondo.

SEXTO: Que se dicte auto de apertura a juicio en contra del IMPUTADO AMADO ANTONIO ESPAILLAT COLLADO, sobre la base de que la acusación privada y pública tienen fundamentos suficientes para justificar la probabilidad de una condena.

SEPTIMO: Que se mantenga la medida de coerción impuesta al IMPUTADO.




CONCLUSIONES DEL JUICIO


ATENDIDO: A las demás razones que se agregarán en tiempo y lugar oportunos OIGAN el Imputado, el Tercero Civilmente Demandado, el Beneficiario de Póliza y la entidad aseguradora, al Actor Civil PEDIR al Juez de Fondo que se apodere al Efecto, en merito de los Artículos 49 Párrafo I, 50, 61, 65 y 102 de la Ley No. 241 Sobre Tránsito de Vehículos de Motor, modificada y ampliada por la Ley 114-99; de los Artículos 1382, 1383 y 1384 Párrafo 3ro. del Código Civil;  Artículo 124 de la Ley No. 146-02, de fecha 11 de Septiembre del año 2002, sobre Seguros y Fianzas de la República Dominicana; Artículos 50, 85, 118, 121, 122, 123, 246, 267 y 268 del Código Procesal Penal Dominicano, y 130, 133 del Código de Procedimiento Civil, y al JUEZ apoderado FALLAR:

PRIMERO: DECLARAR buena y valida en cuanto a la forma y justa en cuanto al fondo la constitución en actor civil y querella contenida en la presente demanda;

SEGUNDO: DECLARAR al señor AMADO ANTONIO ESPAILLAT COLLADO, culpable del delito de violación a la Ley No.241, en sus artículos 49 Párrafo I, 50, 61, 65 y 102, de la Ley No.241, sobre Tránsito de Vehículos de Motor, modificada y ampliada por la Ley 114-99; y en consecuencia CONDENARLE penalmente, a CINCO  (5) AÑOS de prisión correccional;

TERCERO: CONDENAR solidariamente al señor AMADO ANTONIO ESPAILLAT COLLADO, como IMPUTADO, y a la señora MILAGROS GOMEZ ESPAILLAT, como TERCERO CIVILMENTE DEMANDADO y BENEFICIARIO al pago de la suma de CINCUENTA MILLONES DE PESOS ORO DOMINICANOS CON 00/100 (RD$50,000,000.00), a favor y provecho de la Actora Civil y Querellante, señora AURORA RODRIGUEZ NOESI; como justa reparación por los daños y perjuicios morales y materiales, a consecuencia de la perdida de su amado PADRE en el accidente de referencia;

CUARTO: CONDENAR al señor CANDIDO ANTONIO ESPINAL COLLADO, como IMPUTADO, y a la señora MERCEDES ROSA CERDA ESPINAL, como TERCERO CIVILMENTE DEMANDADO y BENEFICIARIO DE LA POLIZA, al pago de las costas civiles con distracción y provecho del LIC. JOSE ENRIQUE HERNANDEZ PEÑA, quien afirma haberlas avanzado en su totalidad;

SEXTO: DECLARAR y ORDENAR, que la sentencia a intervenir en el aspecto civil sea declarada común y oponible a la compañía SEGUROS DHI, ATLAS, S.A., entidad aseguradora de la responsabilidad civil de los demandados respecto al vehículo que ocasionó los daños.

BAJO TODA CLASE DE RESERVAS DE DERECHO Y ACCION

Es justicia que se espera merecer, en la ciudad de Santiago, municipio de la Provincia Santiago de los Caballeros, República Dominicana, a los once (10) días del mes de Julio del año Dos Mil Doce (2012)



LICDO. JOSE ENRIQUE HERNANDEZ PEÑA,
Por si y el LICDO. JOVANNY ARACENA
Abogados del Actor Civil y Querellante




Dios, Patria y Libertad
República Dominicana
Poder Judicial
JUZGADO DE PAZ ESPECIAL DE TRANSITO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO,
SALA 1

Yo, IVELISSE MARMOL, Secretaria del Juzgado de Paz Especial de Tránsito No. 1 del municipio de Santiago. CERTIFICO: Que en los archivos a mi cargo hay un expediente de fecha 16 días del mes de Febrero del año Dos Mil Doce (2012), en el cual existe un Acta de Audiencia No. 00045 de fecha  16 del mes de Febrero del año 2012, que copiada textualmente dice así:


Resolución No. 293-12-00045.-
Acta de Audiencia No. 293-12-00045.

En la ciudad de Santiago de los Caballeros, municipio y Provincia del mismo nombre, República Dominicana, a los Diez (16) días del mes de Febrero del año Dos Mil Doce, año 168 de la Independencia y 149 de la Restauración de la República.

EL JUZGADO DE PAZ ESPECIAL DE TRANSITO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO (SALA I), regularmente constituido en la sala donde acostumbra a celebrar sus audiencias sobre medidas de coerción, públicas para las partes, sito en la calle Salvador  Cucurullo No. 179, primera planta, casi esquina Santiago Rodríguez, integrado por el magistrado RAMON TAVAREZ POLANCO, Juez Interino, asistido de la infrascrita Secretaria, IVELISSE MARMOL, dicta la siguiente Resolución.

CON MOTIVO de la solicitud de imposición de Medida de Coerción incoada por la LICDA. PURA CONCEPCION ESTRELLA, Magistrado Fiscalizadora del Juzgado Especial de Tránsito No 1 de Santiago, en contra del señor AMADO ANTONIO ESPAILLAT COLLADO, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral No. 031-126445-7, domiciliado y residente en La Calle 5 No. 9, Arroyo Hondo Abajo, de esta ciudad de Santiago, Teléfono 829-324-1492 (casa), imputado de supuestamente violentar las disposiciones contenidas en la Ley No. 241 de 1967, sobre Tránsito de Vehículos en República Dominicana, en perjuicio de TRAJANO MIGUEL RODRIGUEZ FERMIN (Fallecido).

OIDO:  Al Magistrado Juez ordenar a la Secretaria verificar la presencia de las partes y a ésta última dar cumplimiento a dicha disposición



Dios, Patria y Libertad
República Dominicana
Poder Judicial
JUZGADO DE PAZ ESPECIAL DE TRANSITO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO,
SALA 1

OIDA: A la Secretaria llamar al imputado AMADO ANTONIO ESPAILLAT COLLADO, en sus generales, manifestar que es “dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral No. 031-126445-7, domiciliado y residente en la Calle 5 no. 9, Arroyo Hondo, de esta ciudad de Santiago, Teléfono 829-324-1492 (casa)”.

OIDA:  A la LICDA. PURA CONCEPCION ESTRELLA,  en representación del Ministerio Público en la presente vista sobre medida de coerción en contra de AMADO  ANTONIO ESPAILLAT COLLADO, por supuesta violación al Art. 49-1 de la Ley 241, en perjuicio de TRAJANO MIGUEL RODRIGUEZ FERMIN (Fallecido).

OIDO:  Al abogado de la defensa técnica, LICDO. FEDERICO AUGUSTO ALVAREZ, constituido a nombre y representación del ciudadano AMADODO ANTONIO ESPAILLAT COLLADO, para asistirlo en sus medios de defensa en la presente vista de medida de coerción.

OIDO:  Al Magistrado Juez decir que conforme lo que establece el artículo 95 del Código Procesal Penal, se le da la palabra al Ministerio Público, a los fines de que informe al imputado sobre los hechos investigados, con puntualizaciones de modo, lugar y tiempo, la calificación jurídica dada a dichos hechos, así como que presente el fundamento de su requerimiento y dictamen.

OIDO:  El Ministerio Público, exponer los motivos de su requerimiento y la medida solicitada al tenor siguiente: “RELACION DE HECHO: El ministerio Público ha abierto una investigación en contra del nombrado AMADO ANTONIO ESPAILLAT COLLADO, por el hecho ocurrido a las 8:15 horas del día 14 de Febrero del 2012, por la Av. Circunvalación, en dirección Norte-Sur y al llegar al puente de la Otra Banda, de esta ciudad de Santiago, fue impactado el señor TRAJANO MIGUEL RODRIGUEZ FERMIN por el vehículo tipo Jeep, marca Toyota, color Azul, placa No. G153077, chasis No. JTEHH30VX26066632, conducido por AMADO ANTONIO ESPAILLAT COLLADO, en dicho



Dios, Patria y Libertad
República Dominicana
Poder Judicial
JUZGADO DE PAZ ESPECIAL DE TRANSITO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO,
SALA 1

accidente a consecuencia de los golpes y heridas recibidos en dicho accidente resultó fallecido el señor TRAJANO MIGUEL RODRIGUEZ FERMIN , según consta en el certificado médico de fecha 14/02/2012, emitido por el INACIF, depositado al efecto. CALIFICACION JURIDICA: Violación a los artículos 49 numeral 1 y 65 de la Ley 241 de manera provisional. PRUEBAS: A) Acta de Policía No. 8877 de fecha 14 de Febrero del 2012. B) Certificado médico de fecha 16 de Febrero del año 2012, realizado a TRAJANO MIGUEL RODRIGUEZ FERMIN, en el cual se evidencia que presenta herida en región occipital. Excoriación en mejilla izquierda; causa de muerte: trauma craneoencefálico severo y politraumatismo. DICTAMEN: PRIMERO, Que sea ordenada la libertad provisional del señor AMADO ANTONIO ESPAILLAT COLLADO, y en consecuencia le sea aplicada medida de coerción de presentar una garantía económica suficiente, según lo establece el Art. 226 ordinal 1 y 4, del Código Procesal Penal, que el monto se fije en la suma de Trescientos Mil Pesos Dominicanos (RD$300,000.00), para ser depositados mediante un contrato de una compañía aseguradora a esos fines y la presentación periódica los días 10 de cada mes por ante el despacho de la fiscalizadora por un período de 6 meses. SEGUNDO: Que se reserven las costas”.

OIDO:  Al abogado de la defensa técnica, LICDO. FEDERICO AUGUSTO ALVAREZ, concluir: nos adherimos en todas sus partes a la solicitud hecha por el ministerio Público, porque es basada en la Ley y no viola ningún derecho a nuestro representado. Bajo reservas.

OIDO:  Al Magistrado Juez manifestarle al imputado que: “Conforme a lo que establecen los artículos 102 y 105 del Código Procesal Penal, se le pone en conocimiento de que disfrutan del derecho a declarar en su defensa o guardar silencio, así como de suspender sus declaraciones en cualquier momento del procedimiento, sin que el hecho de guardar silencio implique un perjuicio para su defensa y que una vez iniciadas sus declaraciones tiene derecho a no autoincriminarse”.

OIDO:  Al imputado, manifestar: “No deseo declarar”.



Dios, Patria y Libertad
República Dominicana
Poder Judicial
JUZGADO DE PAZ ESPECIAL DE TRANSITO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO,
SALA 1

AL MAGISTRADO JUEZ DESPUES DE HABER PONDERADO SOBRE LA SOLICITUD

1:  Que la presente instancia se trata de una solicitud de Medida de Coerción, en contra del Ciudadano AMADO ANTONIO ESPAILLAT COLLADO, por presunta violación al artículo 49 numeral 1 y 65 de la Ley No. 241 de 1967, sobre Tránsito de Vehículos, en perjuicio del señor TRAJANO MIGUEL RODRIGUEZ FERMIN.

2:  Que el artículo 1º de la Resolución No. 295-05 dictada en fecha 06 de Abril del 2005 por la Honorable Suprema Corte de Justicia establece que : “Habilita a todos los jueces de paz para actuar como jueces de la instrucción y ejercer las funciones de éstos, en lo relativo a los actos de carácter delictuoso atribuidos a la competencia de los juzgados por el artículo 75, numerales 2, 3, y 6 del Código Procesal Penal, a los cuales es aplicable el procedimiento penal ordinario.”, Mientras el artículo 3 de la citada normativa señala que: “Dispone que en todos los casos en que un juez de paz esté impedido de conocer y decidir en relación a un hecho por haber ordenado la apertura a juicio o cualquier otra medida jurisdiccional durante el procedimiento preparatorio, con respecto a uno o más coimputados, las actuaciones sean conocidas por otro juez del mismo Distrito judicial, o por el juez suplente habilitado a estos fines, quien seguirá el procedimiento indicado en el Código Procesal Penal para la preparación y conocimiento del juicio”.

3:  Que el artículo 8 de la Constitución de la República Dominicana en su parte capital establece que: “Se reconoce como finalidad principal del Estado la protección efectiva de los derechos de la persona humana y el mantenimiento de los medios que le permitan perfeccionarse progresivamente dentro de un orden de libertad individual y de justicia social, compatible con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos”. De cuya normativa se colige que los derechos individuales pueden ser limitados o restringidos cuando sea necesario para garantizar la seguridad integral de los demás, el bienestar general y la justicia social, criterio este sostenido por el artículo 32.2 de la Convención Americana de los Derechos Humanos o Pacto de San José de 1969, el cual establece que : “Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática”.



Dios, Patria y Libertad
República Dominicana
Poder Judicial
JUZGADO DE PAZ ESPECIAL DE TRANSITO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO,
SALA 1


4:  Que el artículo 15 del Código Procesal Penal señala que: “Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Las medidas de coerción, restrictivas de la libertad personal o de otros derechos, tiene carácter excepcional y su aplicación debe ser proporcional al peligro que trata de resguardar”. En consecuencia, cualquier limitación al estatuto de libertad de que goza toda persona, deberá estar justificado, a fin de darle validez a la decisión que así lo disponga.

5:  Que el artículo 222 del Código Procesal Penal señala: “Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Las medidas de coerción tiene un carácter excepcional y solo pueden ser impuestas mediante resolución motivada y escrita, por el tiempo absolutamente indispensable y a los fines de asegurar la presencia del imputado en el procedimiento”.

6:  Que el artículo 226 del Código procesal Penal establece: “A solicitud del Ministerio Público o del querellante, y en la forma, bajo las condiciones y por el tiempo que se explica en este código, el juez puede imponer al imputado, después de escuchar sus razones, las siguientes medidas de coerción: a) La presentación de una garantía económica suficiente; b) La prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el juez; c) La obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada, que informe regularmente al juez; d) La obligación de presentarse periódicamente ante el juez o ante la autoridad que él designe; e) La colocación de localizadores electrónicos, sin que pueda mediar violencia o lesión a la dignidad o integridad física del imputado; f) El arresto domiciliario, en su propio domicilio o en custodia de otra persona, sin vigilancia alguna o con la que el juez disponga; g) La prisión preventiva, y que en la especie el ministerio Público ha solicitado al tribunal la imposición de la medida de coerción contemplada en los numerales 1 y 4 del presente texto.

7:  Que el artículo 227 del Código Procesal Penal fija los presupuestos a tomar en cuenta por el Juez para la determinación de la procedencia de alguna medida de coerción, cuando establece que: “Procede aplicar medidas de coerción cuando concurran todas las circunstancias siguientes: a) Existen elementos de prueba suficientes para sostener, razonablemente, que el imputado es, con probabilidad, autor o cómplice de una



Dios, Patria y Libertad
República Dominicana
Poder Judicial
JUZGADO DE PAZ ESPECIAL DE TRANSITO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO,
SALA 1

infracción; Que en relación a éste presupuesto, el juez de la instrucción, al momento de ponderar sobre la solicitud de medida de coerción valora una cintila de prueba que vincule al imputado con el hecho que se le imputa, lo cual se ha satisfecho en el presente caso, toda vez que existe un acta policial que indica la ocurrencia de un accidente entre el señor AMADO ANTONIO ESPAILLAT COLLADO, quien impactó al señor  URBANO,  quien falleció”; b) Existe peligro de fuga basado en una presunción razonable por apreciación de las circunstancias del caso particular acerca de que el imputado podría no someterse al procedimiento”. Que en el presente caso, la defensa no ha aportado elementos de pruebas que demuestren que el imputado se va a someter al procedimiento, circunstancia valorada por el juez para determinar cuál o cuáles medidas se ajustan a la particularidad  del presente caso conforme lo dispone el artículo 226 del Código Procesal Penal, en cuyas atenciones entiende que la medida de coerción que garantiza el sometimiento del imputado al proceso es la presentación de una garantía económica y la presentación periódica; c) La infracción que se le atribuye esté reprimida con pena de libertad. Que se trata de un delito sancionado con condenas privativas de libertad.

8:  Que el Juez en ningún caso está autorizado a aplicar medidas desnaturalizando su finalidad, ni imponer otra más grave que la solicitada o cuyo cumplimiento resulte imposible, por lo que en el presente caso somos de entender se encuentran reunidos todos los presupuestos que determinan la imposición de medidas de coerción, toda vez que el ministerio público ha aportado pruebas suficientes que nos hacen presumir que con probabilidad el procesado es autor del hecho de impactar en fecha 14 de Febrero del 2012 en la Av. Circunvalación, en dirección Norte-Sur y al llegar al puente de la otra Banda, conduciendo un vehiculo tipo Jeep, marca Toyota, color Azul, placa No. G153077, chasis No. JTEHH30VX26066632, al señor TRAJANO MIGUEL RODRIGUEZ, en vista del contenido del acta de tránsito y las demás piezas documentales citadas en parte anterior.

9:  Que en el mismo sentido el artículo 9 de la Resolución No. 1731 de fecha 15 de Septiembre del 2005, dictada por nuestra Suprema Corte de Justicia, al fijar como: “Ámbito de la discusión. Para la imposición de una medida de coerción, durante la audiencia serán escuchadas las partes debidamente convocadas y de modo exclusivo sobre los siguientes puntos: 1) La ocurrencia de un hecho tipificado como infracción penal; 2) Respecto de la probable participación del imputado en el hecho, como autor o cómplice;



Dios, Patria y Libertad
República Dominicana
Poder Judicial
JUZGADO DE PAZ ESPECIAL DE TRANSITO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO,
SALA 1


3) Que la infracción apareje pena privativa de libertad; y 4) Presunción razonable de que el imputado se presentará a los actos del procedimiento y al pronunciamiento de la sentencia”.

10:  Que según lo que establece el artículo 228 del Código de Procedimiento Penal en el sentido “A solicitud del ministerio público o del querellante, el juez puede imponer una sola de las medidas de coerción previstas en este código o combinar varias de ellas, según resulte adecuado al caso, y expedir las comunicaciones necesarias para garantizar su cumplimiento.  Cuando se ordene la prisión preventiva, no puede combinarse con otras medidas de coerción. En ningún caso el juez está autorizado a aplicar estas medidas desnaturalizando su finalidad ni a imponer otras más graves que las solicitadas o cuyo cumplimiento resulta imposible”. Que en la presente instancia el ministerio público ha solicitado la imposición de la medida de coerción consistente en la prestación de una garantía económica ascendente a la suma de RD$300,000.00 (Trescientos mil pesos), contenida en el numeral 1 del artículo 226 del Código Procesal Penal y la presentación periódica por ante la oficina del fiscalizador y la defensa no tuvo reparos, por lo que procede acogerla de manera total, bajo la modalidad que se hace constar en el dispositivo de esta decisión.

11:  Que en los casos en que se imponga la medida de coerción de garantía económica, el artículo 235 del Código Procesal Penal fija que: “La garantía es presentada por el imputado u otra persona mediante el deposito de dinero, valores, con el otorgamientos de prendas o hipotecas sobre bienes libres de gravámenes, con una póliza con cargo a una empresa de seguros dedicada a este tipo de actividades comerciales, con la entrega de bienes, o la fianza solidaria de una o más personas solventes. Al decir sobre la garantía, el juez fija el monto, la modalidad de la prestación y aprecia su idoneidad. En ningún caso fija una garantía  excesiva ni de imposible cumplimiento en atención a los recursos económicos del imputado. El juez hace la estimación de modo que constituya un motivo eficaz para que el imputado se abstenga de incumplir sus obligaciones. El imputado y el garante pueden sustituirla por otra equivalente, previa autorización del juez”.

12:  Que nuestra normativa procesal fija de manera clara los presupuestos a tomar en cuenta para la determinación de si el imputado se encuentra en peligro de fuga o no,



Dios, Patria y Libertad
República Dominicana
Poder Judicial
JUZGADO DE PAZ ESPECIAL DE TRANSITO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO,
SALA 1



cuando establece en su artículo 299 que: “Para decidir acerca del peligro de fuga el juez toma en cuenta, especialmente, las siguientes circunstancias: 1. Arraigo en el país, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia, de sus negocios o trabajo y las facilidades para abandonar el país o permanecer oculto. La falsedad o falta de información sobre el domicilio del imputado constituye presunción de fuga; 2. La pena imponible al imputado en caso de condena; 3. La importancia del daño que debe ser resarcido y la actitud que voluntariamente adopta el imputado ante el mismo; 4. El comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse o no a la persecución penal”. Que el tribunal al ponderar la concurrencia de los presupuestos señalados ha podido determinar que las medidas señaladas son las que mejor garantizan en esta materia el sometimiento del imputado al procedimiento, según la modalidad que se hace constar en el dispositivo de esta decisión.

13:  Que según lo que establecido en el artículo 150 del Código Procesal Penal: “El ministerio público debe concluir el procedimiento preparatorio y presentar el requerimiento respectivo o disponer el archivo en un plazo máximo de tres meses si contra el imputado se ha dictado prisión preventiva o arresto domiciliario, y de seis meses, si ha sido ordenada otra de las medidas de coerción previstas en el artículo 226. Estos plazos se aplican aun cuando las medidas de coerción hayan sido revocadas…”.


POR TALES MOTIVOS y Vistos los artículos 8 de la Constitución de la República; 15, 75, 150, 222, 226 al 229 y 235 del Código Procesal Penal; Le ley No. 241 de 1967 sobre Tránsito de Vehículos; La Resolución No. 1731 de fecha 15 de Septiembre del 2005 y Resolución No. 295-05 de fecha 06 de Abril del 2005, ambas dictadas por la Honorable suprema Corte de Justicia, La Magistrado Jueza del Juzgado de Paz Especial de Tránsito de Tránsito del Distrito Judicial de Santiago, (Sala I) en atribuciones de Juzgado de la Instrucción y en atención a las normativas citadas:



Dios, Patria y Libertad
República Dominicana
Poder Judicial
JUZGADO DE PAZ ESPECIAL DE TRANSITO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO,
SALA 1

“RESUELVE”

PRIMERO:  En cuanto a la forma se acoge como buen y válida la solicitud de medida de coerción hecha por el ministerio público. En cuanto al fondo impone como medida de coerción la establecida en el Art. 226 numerales 1 y 4, consistente en lo siguiente:

A)    La presentación de una garantía económica por el monto de Trescientos Mil Pesos Dominicanos (RD$300,000.00), a través de una compañía aseguradora dedicada a esos fines;
B)    La presentación por parte del imputado una vez al mes ante la oficina del ministerio público adscrito a este juzgado, hasta la culminación del proceso que es de seis (6) meses.

SEGUNDO:  SE ORDENA LA LIBERTAD inmediata del imputado una vez haya cumplido las medidas impuestas.

TERCERO:  LE OTORGA al ministerio público un plazo de seis (6) meses a los fines de que presente su requerimiento conclusivo.

CUARTO: La presente decisión vale notificación para las partes presentes y representadas, ordenando a la secretaria de este tribunal la entrega a las partes de la presente resolución a fin de que e caso de inconformidad puedan interponer recurso en el plazo de diez (10) días.

QUINTO:  Compensando las costas.

Dada y firmada ha sido el acta de audiencia que antecede por el Magistrado Juez de este tribunal. Dado a los Diez (16) días del mes de Febrero del año 2012, año 168 de la Independencia y 149 de la Restauración.

IVELISSE MARMOL
Secretaria

La presente copia es fiel y conforme a su original, en la ciudad de Santiago de los Caballeros, República Dominicana, a los Diez (16) del mes de Febrero del año 2012, año 168 de la Independencia y 149 de la Restauración.









No hay comentarios:

Publicar un comentario en la entrada

DEJE SU COMENTARIO