PRESENTADO POR:
José Enrique Hernández Peña,
09-0765
HERNANDEZ ARACENA SOSA & ASOCIADOS, S. A.
Abogados & Notaría
RNC 101-22458-8
AL : MAGISTRADO FISCALIZADOR DEL
JUZGADO DE PAZ ESPECIAL DE TRANSITO DEL
MUNICIPIO DE SANTIAGO, GRUPO NO.
I.
ASUNTO : ESCRITO DE QUERELLA CON
CONSTITUCIÓN EN ACTOR CIVIL Y DEMANDA
EN DAÑOS Y PREJUICIOS.
ACTOR CIVIL : AURORA
RODRIGUEZ NOESI
DEMANDADOS : AMADO
ANTONIO ESPAILLAT COLLADO,
portador de la cédula de identidad y electoral No. 031-126445-7; domiciliado y residente en
la calle 5. No.0, Arroyo Hondo Abajo, de
esta ciudad
de santiago, Republica Dominicana (IMPUTADO);
MILAGROS GOMEZ ESPAILLAT,
domiciliado y residente en la calle 5
No.10, Arroyo Hondo Abajo, Santiago
(TERCERO CIVILMENTE DEMANDADO
Y BENEFICIARIO DE LA
POLIZA
OPONIBILIDAD : DE LA SENTENCIA A INTERVENIR
A LA
COMPANIA SEGUROS DHI-ATLAS, S.A., con
asiento en la calle Paralela No 3. Los Jardines
Metropolitanos, Santiago, República Dominicana.
VIOLACION : ARTICULOS 49, Párrafo 1, 50, 61, 65, y 102,
DE
LA LEY No
241, SOBRE TRANSITO DE
VEHICULOS DE MOTOR, MODIFICADA POR
LA LEY 114-99.
HONORABLE MAGISTRADO:
La señora AURORA RODRIGUEZ NOESI, dominicana, mayor de
edad , soltera, portadora de la
Cédula de Identidad y Electoral No.034-00569305-6,
domiciliado y residente en la calle 4, No 4, Manzana D, Villa Liberación , La
Otra Bandala Republica Dominicana ,
mayores de edad , casado y soltero, provistos de las cédulas de identidad y electoral
Nos. 031-0042987-8 y 031-0034874-5, Matrículas Nos 13365-385-09 y 19893-986-09,
con estudio profesional en común abierto en la calle Rieles de Gurabo,
Urbanización Jardines del Llano I, Edif. M, Apt. 2-A, República Dominicana con teléfono No.809 471 3344
donde el Actor Civil hace y formula formal y expresa elección de domicilio para
todos los fines y consecuencias legales de la presente instancia, tienen a bien
someter la presente Querella y demanda en danos y prejuicios, con constitución
en actor civil amparado en los siguientes medios de prueba, hechos, motivos y conclusiones:
RELATO CIRCUNSTACIADO
DEL HECHO, SUS ANTECEDENTES O
CONSECUENCIAS CONOCIDOS:
ATENDIDO: A que en fecha 14 del mes de
Febrero del año 2012, siendo aproximadamente las 18:15 horas, mientras el señor
AMADO ANTONIO ESPAILLAT COLLADO, quien conducía el vehículo placa No. G153077
Chasis No. JTEHH30VX26066632 Modelo 2003, Color Negro, propiedad de MILAGROS GOMEZ ESPAILLAT, y asegurado
en la compañía SEGUROS DHI-ATLAS ,
transitaba de manera salvaje , brutal, a exceso de velocidad y con temeridad en
la Av. Circunvalación en dirección
Norte-Sur, ATROPEYO al señor TRAJANO MIGUEL RODRIGUEZ FERMIN, de 59 años de edad, causándole; TRAUMA CRANEO ENCENFALICO, ocasionándole la muerte; por lo cual
dicho señor es sometido a los Tribunales de la República Dominicana
por violación a los artículos 49 Párrafo
I, 50, 61, 65 y 102 de la Ley No.la Ley 114-99.
ATENDIDO: A que el accidente se produjo por inadvertencia, negligencia,
imprudencia, torpeza y violación de los reglamentos cometidos por el señor AMADO ANTONIO ESPAILLAT COLLADO, ya que
conforme a la ocurrencia de los hechos, pudo fácilmente evitar el accidente, lo
que no hizo;
ATENDIDO: Que, la primera OBLIGACION de una persona que maneja un
vehículo de motor, aparato que es asimilado por la jurisprudencia francesa, a
una BOMBA DE TIEMPO, y por la
dominicana, “COMO FUENTE PERMANENTE DE
PELIGRO”, es evitar el accidente, no cometiendo las faltas y violaciones a
la ley como haría un buen padre de familia, realizando la maniobra feliz que
evite el accidente;
ATENDIDO: Que, Conforme al artículo 49, párrafo
9no. De la Ley No.
ATENDIDO: Que es jurisprudencia constante,
que los Jueces no pueden promover el oficio de la víctima, aún parcial, ya que,
se trata ahí, de un medio de defensa que debe ser invocado por el prevenido;
DAÑO CUYO
RESARCIMIENTO SE PRETENDE;
FORMA Y CLASE DE
REPARACION:
ATENDIDO: Que el informe preliminar de
levantamiento de cadáver, expedido por el Medico Legista del Distrito Judicial
de Santiago, sufrió trauma cráneo-encefálico
severo, politraumatizado, que le ocasionaron LA MUERTE.
ATENDIDO: A que, como consecuencia de las
graves heridas, el trauma cráneo-encefálico severo , que le ocasionaron la
muerte al señor TRAJANO MIGUEL RODRIGUEZ
FERMIN, la Actora Civil
tímidamente evaluados, puesto que, conforme a
la jurisprudencia , el daño moral comprende el Pretium doloris, los dolores
sentimentales, los insomnios, el sentimiento de inferioridad , incapacidad
fisiológica, que reduce su producción y mas aún, la dificultad o privación de
entregarse libremente, a algunas actividades normales del placer de vivir, con
su cortejo de frustraciones, imposibilidades , de lentitudes y molestias;
ATENDIDO: Que, todos los Jueces del mundo,
para evaluar el prejuicio así sufrido, siempre toman en cuenta el alto costo de
la vida, de los medicamentos, gastos de hospitalización, gastos médicos, de
prótesis, y sobre todo , la inflación que golpea a la economía y ciudadanos de
un país;
ATENDIDO: Que, el Art. 124 de la
Ley No.la República Dominicana
establece lo siguiente:
Art124- Para los fines de esta ley, se presume
que:
a)
La Persona que conduce un vehiculo de motor o remolque asegurado, lo hace con la
expresa autorización del suscriptor de la póliza o del propietario del vehículo
asegurado.
b)
El suscriptor o asegurado de la póliza o el
propietario del vehículo asegurado es comitente de la persona que le conduzca y
por lo tanto civilmente responsable de los danos causados por éste vehículo.
PARRAFO.- Las dos presunciones
anteriores admiten la prueba en contrario, para lo cual deberá probarse que el vehículo
de motor o remolque había sido robado, vendido o en otra forma traspasado,
siempre que se pruebe, mediante documento con fechas ciertas, algunas de ésas
circunstancias.-
ATENDIDO: A
que, la señora MILAGROS GOMEZ ESPAILLAT,
es responsable civilmente de todos los daños y perjuicios sufridos por el actor
civil y querellante , ya que el seguro que ampara dicho vehículo está a su nombre,
conforme a la Certificación
de la
Superintendencia de Seguros que reposa en el expediente; Que
asimismo, la señora MILAGROS GOMEZ
ESPAILLAT, es igualmente responsable, ya que el vehículo está matriculado a
su nombre, conforme a la
Certificación de la Dirección General
de Impuestos Internos;
OFRECIMIENTO DE ELEMENTOS DE PRUEBA:
A fines de la mejor comprobación de la
verdad ofrecemos como elementos o documentos probatorios los que a continuación
se citan:
I- PRUEBAS DOCUMENTALES O ESCRITAS:
- CERTIFICACION
DE
- CERTIFICACION
DE
- EXTRACTO
DE ACTA DE NACIMIENTO REGISTRADA CON EL NO. 00305 INSCRITA EN EL LIBRO
NO.00370, FOLIO NO 0285 DEL ANO
- EXTRACTO
DE ACTA DE DEFUNCION A NONBRE DE TRAJANO
MIGUEL RODRIGUEZ FERMIN, registrada con el No. 006509, inscrita en el
Libro NO. 00988. Folio NO. 00787 del año 2012 con la cual pretendemos
demostrar el hecho del FALLECIMIENTO del señor TRAJANO MIGUEL RODRIGUEZ FERMIN, a consecuencia de accidente
de tránsito de fecha 14/02/2012, y justificar la aplicación del articulo
49 Párrafo I de
- ACTA
POLICIAL No. 8877, de fecha 14 de Febrero del 2012, con la cual pretendemos
la ocurrencia del siniestro tipo ATROPELLO, los datos del vehículo
envuelto en el mismo y de las personas involucradas, esto es la existencia
de un accidente donde resultó un fallecido, y el ilícito penal.
- PODER
CUOTA LITIS DEBIDAMENTE LEGALIZADO POR
II- PRUEBAS TESTIMONIALES:
- Las declaraciones del señor JUAN
JOSE RAMIREZ PEREZ, dominicano, mayor de edad, portador de
FORMULACION PRECISA DE CARGOS Y FUNDAMENTO PROCESAL PENAL.
ATENDIDO:
Que las pruebas materiales, hechos y circunstancias de la ocurrencia del
siniestro, le sindican al encartado AMADO
ANTONIO ESPAILLAT COLLADO, la violación de los ARTICULOS 49 Párrafo I, 50,
61, 65 y 102, de la Ley No.LA LEY 114-99, en el siguiente
orden, justificación, tenor y especie:
ATENDIDO:
Que la violación del artículo 49, Párrafo I, modificado y ampliado por la Ley 114-99, sobre Tránsito de Vehículos
de Motor, se configura las lesiones que le causaron la muerte del señor TRAJANO MIGUEL RODRIGUEZ FERMIN, el
cual artículo establece: Golpes o
heridas causadas inintencionalmente con el manejo de un vehículo de motor. “El
que por torpeza, imprudencia, inadvertencia, negligencia o inobservancia de las
leyes y reglamentos causar inintencionalmente, con el manejo o conducción de un
vehículo de motor, un accidente que ocasionare golpes o heridas, se castigará
con las penas siguientes: “a) De seis (6) días a seis (6) meses de prisión y
multa de cien pesos (RD$100.00) a seiscientos pesos (RD$600.00), si del
accidente resultare al lesionado una enfermedad o imposibilidad de dedicarse a
su trabajo por un tiempo no mayor de diez (10) días; “b) De tres (3) meses a un (1) año de prisión
y multa de trescientos pesos (RD$300.00) a mil pesos (RD$1,000.00), si el lesionado
resulta enfermo o imposibilitado de dedicarse a su trabajo por diez (10) días o
más, pero menos de veinte (20) días; “c)
De seis (6) meses a dos (2) años de prisión y multa de quinientos pesos
(RD$500.00) a dos mil pesos (RD$2,000.00), si la enfermedad o imposibilidad
para su trabajo dura veinte (20) días o más.
El juez, además, ordenará la suspensión de la licencia por un período no
mayor de seis (6) meses. “d) De nueve (9) meses a tres (3) años de prisión y
multa de setecientos pesos (RD$700.00) a tres mil (RD$3,000.00) si los golpes o
heridas ocasionaren a la víctima una lesión permanente. El juez, ordenará además,
la suspensión de la licencia de conducir por un período no menor de seis (6)
meses ni mayor de dos (2) años. “1.-
Si el accidente ocasionare la muerte a una o más personas, la prisión de dos
(2) años, y la multa de dos mil pesos (RD$2,000.00) a ocho mil pesos
(RD$8,000.00). El juez ordenará, además, suspensión de la licencia de conducir
por un período no menor de dos (2) años o la cancelación permanente de la
misma; todo sin perjuicio de la aplicación de los artículos 295, 297, 298, 299,
300, 302, 303 y 304 del Código Penal, cuando fuere de lugar.
ATENDIDO:
Que el artículo 50 de la Ley
241, fue violado por el imputado, en
razón de que abandonó a la víctima en el lugar del accidente, lo que demostraremos mediante los testigos
sometidos, y el cual artículo establece: “Art.
50. Todo conductor debe detenerse en el sitio del accidente; a) Todo conductor
del vehículo envuelto en un accidente detendrá inmediatamente su vehículo y se
estacionará en forma tal, que no obstruya el tránsito más de lo necesario y permanecerá
en el lugar del accidente hasta haber cumplido con los siguiente: (1) dar su
nombre, dirección, número de licencia o identificación de su vehículo a la
persona perjudicada, o a cualquier acompañante, o agente del orden público; (2)
prestar ayuda, a los heridos, si los hubieren, incluyendo llevarlos a un
hospital o a donde se les pueda dar ayuda médica salvo que fuere peligroso para
el herido moverlo o que expresamente no lo consintiere el herido o cualquier
otra persona que lo acompañare. “b) Estará exento de dicha obligación el
conductor del vehículo si como resultado del accidente su condición física no
le permitiera cumplir con las disposiciones precedentes. “c) Toda persona que
faltare injustificadamente a lo dispuesto en este artículo, será culpable de
delito de abandono y será castigada con prisión por un término no menor de seis
(6) meses ni mayor de dos (2) años, en adición a las otras penas a que hubiera
lugar de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 49. Además el tribunal
ordenará la suspensión de la licencia de conducir por un término no menor de un
(1) año, o la cancelación de la misma a su discreción”.
ATENDIDO:
Que el artículo 61 de la Ley No.
ATENDIDO:
Que el artículo 102 de la Ley No.la Ley
241, que dice: Art. 102.- Deberes de los
conductores hacia los peatones. “a)
Toda persona que conduzca un vehículo
por las vías públicas, estará obligado a: 1. Ceder el paso a todo peatón que en
el uso de sus derechos esté cruzando una vía pública por un paso de peatones.
2. No rebasar a otro vehículo que se encuentre detenido o hubiere reducido la
velocidad por estarle cediendo el paso a un peatón en un paso de peatones. 3.
Tomar todas las precauciones para no arrollar a los peatones. Estas
precauciones serán tomadas aún cuando el peatón estuviere haciendo uso
incorrecto o prohibido de la vía pública. El uso de la bocina por sí solo, no eximirá
al conductor de responsabilidad si tal uso estuviere acompañado por otras
medidas de seguridad. “b) Toda persona que condujere por las vías públicas y
violare las disposiciones de éste artículo, se castigará con multa que no será
menor de veinticinco pesos (RD$25.00) ni mayor de cien pesos (RD$100.00).
ATENDIDO: A
que en el aspecto del derecho procesal penal, y el ejercicio de los Actores
Civiles y Querellantes de la vía civil accesoria a la represiva o penal para
obtener condignas reparaciones, y penas de prisión en contra de los demandados,
bajo el régimen de Acción Pública a Instancia Privada, las pretensiones se
fundamentan en los artículos 50, 85, 118, 267 y 268 del Código Procesal Penal.
ATENDIDO:
Que el artículo 50 del Código Procesal Penal Dominicano, expone: “La
acción civil para el resarcimiento de los daños y perjuicios causados o para la
restitución del objeto materia del hecho punible puede ser ejercida por todos
aquellos que han sufrido por consecuencia de este daño, sus herederos y sus
legatarios, contra el imputado y el civilmente responsable. La acción civil
puede ejecutarse conjuntamente con la acción penal conforme a las reglas
establecidas por este código, o intentarse separadamente ante los tribunales
civiles, en cuyos casos se suspende su ejercicio hasta la conclusión del
proceso penal. Cuando ya se ha iniciado ante los tribunales civiles, no se
puede intentar la acción civil de manera accesoria por ante la jurisdicción
penal. Sin embargo, la acción civil ejercida accesoriamente ante la jurisdicción
penal puede ser desistida para ser reiniciada ante la jurisdicción civil;
ATENDIDO:
Que el primer Párrafo del artículo 85 del Código Procesal Penal otorga a la
víctima calidad de querellante, con calidad para solicitar sanciones penales en
contra del imputado, en el siguiente tenor: “Art. 85. Calidad. La víctima o su representante legal puede
constituirse como querellante, promover la acción penal y acusar en los
términos y las condiciones establecidas en este código”;
ATENDIDO:
que en este mismo tenor el artículo 118 del Código Procesal Penal precisa: “Constitución en Parte Civil. Quien
pretende ser resarcido por el daño derivado del hecho punible debe constituirse
en actor civil mediante demanda motivada. El actor civil interviene a través de
un abogado y puede hacerse representar, además por mandatario con poder
especial”;
ATENDIDO:
Que los artículos 267 y 268 del Código Procesal Penal justifican la Querella de la siguiente
manera: “Art. 267. Querella. La querella
es el acto por el cual las personas autorizadas por este Código promueven el
proceso penal por acción pública o solicitan intervenir en el proceso ya
iniciado por el ministerio público, y Art. 268. Forma y contenido. La querella
se presenta por escrito ante el ministerio público y debe contener los datos
mínimos siguientes: 1. Los datos generales de identidad del querellante; 2. La
denominación social, el domicilio y los datos personales de su representante
legal, para el caso de las personas jurídicas; 3. El relato circunstanciado del
hecho, sus antecedentes o consecuencias conocidos, si es posible, con la
identificación de los autores, cómplices, perjudicados y testigos; 4. El
detalle de los datos o elementos de prueba y la prueba documental o la indicación
del lugar donde se encuentra”;
ATENDIDO: Que,
el artículo 1382 del Código Civil establece lo siguiente: “Cualquier hecho del hombre que causa a otro un daño obliga a aquel por
cuya culpa sucedió a repararlo”;
ATENDIDO:
Que, asimismo, el Párrafo 3ro. del artículo 1384, del Código Civil, establece
que: “No solamente es uno responsable
del daño que causa un hecho suyo, sino también del que causa por hechos de las
personas de quienes se debe responder”, creando la responsabilidad civil de
los comitentes;
ATENDIDO:
Que, de igual manera, el artículo 1383 del Código Civil establece: “Cada cual es responsable del perjuicio que
ha causado, no solamente por un hecho suyo, sino también por su negligencia o
su imprudencia”;
ATENDIDO: Que,
en ésa virtud la función principal de la responsabilidad civil es de asegurar
la reparación de daños y perjuicios sufridos por las víctimas, que según la RESOLUCION NO.la ASAMBLEA GENERAL
ATENDIDO:
Que, nuestro país, como Estado, miembro de la ONU , debe preocuparse por cumplir dicha RESOLUCION, y en este caso, el ESTADO, lo representa el JUEZ;
ATENDIDO:
Que, los Jueces son soberanos para evaluar, los daños y perjuicios de las
víctimas, para reparar el daño, todo el daño, y nada más que el daño, teniendo
en cuenta las consecuencias que produce, sobre todo, el daño moral, que
necesariamente debe ser evaluado de manera objetiva;
ATENDIDO:
Que la suma fijada en la indemnización, se debe fundamentar también por el
hecho de la perdida del valor adquisitivo del peso dominicano, frente a la
moneda internacional, lo que ha producido un acrecentamiento indetenible de los
costos, que siendo así, el juez que se rige por un razonamiento lógico está en
la obligación de tomar en cuenta la variación y/o fluctuación, viniendo a ser
una consecuencia inmediata y directa, sobre todo, que las indemnizaciones a
reponer no volverán al status que al momento del accidente, sino una estimación
o apreciación valórable y estimable en dinero. Que no sería más que una cláusula
de indexación tácita o sobreentendida;
ATENDIDO: A
que toda parte que sucumbe en justicia será condenada al pago de las costas;
ATENDIDO: A
que las decisiones judiciales son oponibles a las entidades aseguradoras cuando
estas son puestas en causa en las persecuciones seguidas a sus asegurados.
CONCLUSIONES DE AUDIENCIA PRELIMINAR
ATENDIDO:
Que en su momento oportuno, conforme a las disposiciones de los artículos 298,
299, 300, 301, 302 y 303 del Código Procesal Penal, el juez de la Instrucción o Juez de la Audiencia preliminar,
tenga a bien fallar de la siguiente manera:
PRIMERO: Que
se admita de manera total la
Querella con Constitución en Actor Civil y Demanda en Daños y
Perjuicios del Actor Civil y Querellante, por ser buena en la forma.
SEGUNDO: Que
sea admitido como Actor Civil y Querellante a la señora AURORA RODRIGUEZ NOESI, en su calidad de HIJA del señor fallecido TRAJANO MIGUEL RODRIGUEZ FERMIN.
TERCERO:
Identificar como partes para el juicio de fondo a los señores:
- AURORA RODRIGUEZ NOESI, como actor civil y querellante.
- AMADO ANTONIO ESPAILLAT COLLADO,
como IMPUTADO.
- MILAGROS GOMEZ ESPAILLAT, en su condición de BENEFICIARIO
DE
- SEGUROS DHI ATLAS, S.A., como aseguradora de los riesgos
del vehículo causante del siniestro.
- JUAN JOSE RAMIREZ PEREZ, como testigo a cargo.
CUARTO: Que
sean admitidos todos los elementos de prueba que figuran en la presente instancia
de Constitución en Actor Civil, fundamento de las pretensiones de nuestros
patrocinados.
QUINTO:
Acreditar como testigo al señor JUAN
JOSE RAMIREZ PEREZ, para el juicio de fondo.
SEXTO: Que
se dicte auto de apertura a juicio en contra del IMPUTADO AMADO ANTONIO ESPAILLAT COLLADO, sobre la base de que la acusación
privada y pública tienen fundamentos suficientes para justificar la
probabilidad de una condena.
SEPTIMO: Que
se mantenga la medida de coerción impuesta al IMPUTADO.
CONCLUSIONES DEL JUICIO
ATENDIDO: A
las demás razones que se agregarán en tiempo y lugar oportunos OIGAN el Imputado, el Tercero
Civilmente Demandado, el Beneficiario de Póliza y la entidad aseguradora, al
Actor Civil PEDIR al Juez de Fondo
que se apodere al Efecto, en merito de los Artículos 49 Párrafo I, 50, 61, 65 y
102 de la Ley No.la Ley 114-99; de los Artículos
1382, 1383 y 1384 Párrafo 3ro. del Código Civil; Artículo 124 de la
Ley No.la República Dominicana
PRIMERO: DECLARAR buena y valida en cuanto a la forma y justa en cuanto al fondo la
constitución en actor civil y querella contenida en la presente demanda;
SEGUNDO: DECLARAR al señor AMADO ANTONIO ESPAILLAT
COLLADO, culpable del delito de violación a la
Ley No.241la Ley No.241la Ley 114-99; y en consecuencia CONDENARLE penalmente, a CINCO (5) AÑOS de prisión correccional;
TERCERO: CONDENAR solidariamente al señor AMADO
ANTONIO ESPAILLAT COLLADO, como IMPUTADO, y a la señora MILAGROS GOMEZ ESPAILLAT, como TERCERO
CIVILMENTE DEMANDADO y BENEFICIARIO al pago de la suma de CINCUENTA MILLONES DE PESOS ORO DOMINICANOS CON 00/100 (RD$50,000,000.00),
a favor y provecho de la Actora Civil
CUARTO: CONDENAR al señor CANDIDO ANTONIO ESPINAL
COLLADO, como IMPUTADO, y a la señora MERCEDES
ROSA CERDA ESPINAL, como TERCERO CIVILMENTE DEMANDADO y BENEFICIARIO DE LA POLIZA , al pago de las
costas civiles con distracción y provecho del LIC. JOSE ENRIQUE HERNANDEZ PEÑA, quien afirma haberlas avanzado en
su totalidad;
SEXTO: DECLARAR y ORDENAR, que la sentencia a intervenir en el aspecto civil sea declarada común y
oponible a la compañía SEGUROS DHI,
ATLAS, S.A., entidad aseguradora de la responsabilidad civil de los
demandados respecto al vehículo que ocasionó los daños.
BAJO TODA CLASE DE RESERVAS DE
DERECHO Y ACCION
Es justicia que se espera merecer,
en la ciudad de Santiago, municipio de la Provincia Santiago
LICDO. JOSE ENRIQUE HERNANDEZ PEÑA,
Por si y el LICDO. JOVANNY ARACENA
Abogados del Actor Civil y
Querellante
Dios, Patria y Libertad
República
Dominicana
Poder
Judicial
JUZGADO
DE PAZ ESPECIAL DE TRANSITO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO,
SALA
1
Yo, IVELISSE MARMOL, Secretaria del
Juzgado de Paz Especial de Tránsito No. 1 del municipio de Santiago. CERTIFICO:
Que en los archivos a mi cargo hay un expediente de fecha 16 días del
mes de Febrero del año Dos Mil Doce (2012), en el cual existe un
Acta de Audiencia No. 00045 de fecha 16
del mes de Febrero del año 2012, que copiada textualmente dice así:
Resolución No.
293-12-00045.-
Acta de
Audiencia No. 293-12-00045.
En la ciudad de Santiago de los Caballeros,
municipio y Provincia del mismo nombre, República Dominicana, a los Diez (16) días
del mes de Febrero del año Dos Mil Doce, año 168 de la Independencia y 149
de la Restauración
de la República.
EL JUZGADO DE PAZ ESPECIAL DE TRANSITO DEL
MUNICIPIO DE SANTIAGO (SALA I), regularmente constituido en la sala donde
acostumbra a celebrar sus audiencias sobre medidas de coerción, públicas para
las partes, sito en la calle Salvador
Cucurullo No. 179, primera planta, casi esquina Santiago Rodríguez,
integrado por el magistrado RAMON TAVAREZ POLANCO, Juez Interino, asistido de
la infrascrita Secretaria, IVELISSE MARMOL, dicta la siguiente Resolución.
CON MOTIVO de la solicitud de imposición de
Medida de Coerción incoada por la LICDA.
PURALa Calle 5 No. 9, Arroyo Hondo
Abajo, de esta ciudad de Santiago, Teléfono 829-324-1492 (casa), imputado de
supuestamente violentar las disposiciones contenidas en la
Ley No.
OIDO: Al
Magistrado Juez ordenar a la
Secretaria verificar la presencia de las partes y a ésta
última dar cumplimiento a dicha disposición
Dios,
Patria y Libertad
República
Dominicana
Poder
Judicial
JUZGADO
DE PAZ ESPECIAL DE TRANSITO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO,
SALA
1
OIDA: A la Secretaria llamar al
imputado AMADO ANTONIO ESPAILLAT COLLADO, en sus generales, manifestar que es
“dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral No.
031-126445-7, domiciliado y residente en la Calle 5 no. 9, Arroyo Hondo, de esta ciudad de
Santiago, Teléfono 829-324-1492 (casa)”.
OIDA: A la LICDA. PURA CONCEPCION
ESTRELLA, en representación del
Ministerio Público en la presente vista sobre medida de coerción en contra de
AMADO ANTONIO ESPAILLAT COLLADO, por
supuesta violación al Art. 49-1 de la
Ley 241, en perjuicio de TRAJANO MIGUEL RODRIGUEZ FERMIN
(Fallecido).
OIDO: Al
abogado de la defensa técnica, LICDO. FEDERICO AUGUSTO ALVAREZ, constituido a
nombre y representación del ciudadano AMADODO ANTONIO ESPAILLAT COLLADO, para
asistirlo en sus medios de defensa en la presente vista de medida de coerción.
OIDO: Al
Magistrado Juez decir que conforme lo que establece el artículo 95 del Código
Procesal Penal, se le da la palabra al Ministerio Público, a los fines de que
informe al imputado sobre los hechos investigados, con puntualizaciones de
modo, lugar y tiempo, la calificación jurídica dada a dichos hechos, así como
que presente el fundamento de su requerimiento y dictamen.
OIDO: El
Ministerio Público, exponer los motivos de su requerimiento y la medida
solicitada al tenor siguiente: “RELACION DE HECHO: El ministerio Público
ha abierto una investigación en contra del nombrado AMADO ANTONIO ESPAILLAT
COLLADO, por el hecho ocurrido a las 8:15 horas del día 14 de Febrero del 2012,
por la Av. Circunvalaciónla
Otra Banda
Dios,
Patria y Libertad
República
Dominicana
Poder
Judicial
JUZGADO
DE PAZ ESPECIAL DE TRANSITO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO,
SALA
1
accidente a consecuencia de los golpes y
heridas recibidos en dicho accidente resultó fallecido el señor TRAJANO MIGUEL
RODRIGUEZ FERMIN , según consta en el certificado médico de fecha 14/02/2012,
emitido por el INACIF, depositado al efecto. CALIFICACION JURIDICA: Violación
a los artículos 49 numeral 1 y 65 de la
Ley 241 de manera provisional. PRUEBAS: A) Acta de Policía
No. 8877 de fecha 14 de Febrero del 2012. B) Certificado médico de fecha 16 de
Febrero del año 2012, realizado a TRAJANO MIGUEL RODRIGUEZ FERMIN, en el cual
se evidencia que presenta herida en región occipital. Excoriación en mejilla
izquierda; causa de muerte: trauma craneoencefálico severo y politraumatismo. DICTAMEN:
PRIMERO, Que sea ordenada la libertad provisional del señor AMADO ANTONIO
ESPAILLAT COLLADO, y en consecuencia le sea aplicada medida de coerción de
presentar una garantía económica suficiente, según lo establece el Art. 226
ordinal 1 y 4, del Código Procesal Penal, que el monto se fije en la suma de
Trescientos Mil Pesos Dominicanos (RD$300,000.00), para ser depositados
mediante un contrato de una compañía aseguradora a esos fines y la presentación
periódica los días 10 de cada mes por ante el despacho de la fiscalizadora por
un período de 6 meses. SEGUNDO: Que se reserven las costas”.
OIDO: Al
abogado de la defensa técnica, LICDO. FEDERICO AUGUSTO ALVAREZ, concluir: nos
adherimos en todas sus partes a la solicitud hecha por el ministerio Público,
porque es basada en la Ley
y no viola ningún derecho a nuestro representado. Bajo reservas.
OIDO: Al
Magistrado Juez manifestarle al imputado que: “Conforme a lo que establecen los
artículos 102 y 105 del Código Procesal Penal, se le pone en conocimiento de que
disfrutan del derecho a declarar en su defensa o guardar silencio, así como de
suspender sus declaraciones en cualquier momento del procedimiento, sin que el
hecho de guardar silencio implique un perjuicio para su defensa y que una vez
iniciadas sus declaraciones tiene derecho a no autoincriminarse”.
OIDO: Al
imputado, manifestar: “No deseo declarar”.
Dios,
Patria y Libertad
República
Dominicana
Poder
Judicial
JUZGADO
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SALA
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AL MAGISTRADO JUEZ DESPUES DE HABER PONDERADO
SOBRE LA SOLICITUD
1: Que
la presente instancia se trata de una solicitud de Medida de Coerción, en
contra del Ciudadano AMADO ANTONIO ESPAILLAT COLLADO, por presunta violación al
artículo 49 numeral 1 y 65 de la Ley No.
2: Que
el artículo 1º de la Resolución
No. 295-05 dictada en fecha 06 de Abril del 2005 por la Honorable Suprema
3: Que
el artículo 8 de la
Constitución de la República Dominicanala
Convención Americana de los Derechos Humanos o Pacto de San José
de 1969, el cual establece que : “Los derechos de cada persona están limitados
por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas
exigencias del bien común, en una sociedad democrática”.
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4: Que
el artículo 15 del Código Procesal Penal señala que: “Toda persona tiene
derecho a la libertad y a la seguridad personal. Las medidas de coerción,
restrictivas de la libertad personal o de otros derechos, tiene carácter
excepcional y su aplicación debe ser proporcional al peligro que trata de
resguardar”. En consecuencia, cualquier limitación al estatuto de libertad
de que goza toda persona, deberá estar justificado, a fin de darle validez a la
decisión que así lo disponga.
5: Que
el artículo 222 del Código Procesal Penal señala: “Toda persona tiene derecho a
la libertad y a la seguridad personal. Las medidas de coerción tiene un
carácter excepcional y solo pueden ser impuestas mediante resolución motivada y
escrita, por el tiempo absolutamente indispensable y a los fines de asegurar la
presencia del imputado en el procedimiento”.
6: Que
el artículo 226 del Código procesal Penal establece: “A solicitud del
Ministerio Público o del querellante, y en la forma, bajo las condiciones y por
el tiempo que se explica en este código, el juez puede imponer al imputado,
después de escuchar sus razones, las siguientes medidas de coerción: a) La presentación
de una garantía económica suficiente; b) La prohibición de salir sin
autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial
que fije el juez; c) La obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una
persona o institución determinada, que informe regularmente al juez; d) La
obligación de presentarse periódicamente ante el juez o ante la autoridad que
él designe; e) La colocación de localizadores electrónicos, sin que pueda
mediar violencia o lesión a la dignidad o integridad física del imputado; f) El
arresto domiciliario, en su propio domicilio o en custodia de otra persona, sin
vigilancia alguna o con la que el juez disponga; g) La prisión preventiva, y
que en la especie el ministerio Público ha solicitado al tribunal la imposición
de la medida de coerción contemplada en los numerales 1 y 4 del presente texto.
7: Que
el artículo 227 del Código Procesal Penal fija los presupuestos a tomar en
cuenta por el Juez para la determinación de la procedencia de alguna medida de coerción,
cuando establece que: “Procede aplicar medidas de coerción cuando concurran
todas las circunstancias siguientes: a) Existen elementos de prueba suficientes
para sostener, razonablemente, que el imputado es, con probabilidad, autor o cómplice
de una
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infracción; Que en relación a éste
presupuesto, el juez de la instrucción, al momento de ponderar sobre la
solicitud de medida de coerción valora una cintila de prueba que vincule al
imputado con el hecho que se le imputa, lo cual se ha satisfecho en el presente
caso, toda vez que existe un acta policial que indica la ocurrencia de un accidente
entre el señor AMADO ANTONIO ESPAILLAT COLLADO, quien impactó al señor URBANO, quien falleció”; b) Existe peligro de fuga
basado en una presunción razonable por apreciación de las circunstancias del
caso particular acerca de que el imputado podría no someterse al
procedimiento”. Que en el presente caso, la defensa no ha aportado elementos
de pruebas que demuestren que el imputado se va a someter al procedimiento,
circunstancia valorada por el juez para determinar cuál o cuáles medidas se
ajustan a la particularidad del presente
caso conforme lo dispone el artículo 226 del Código Procesal Penal, en cuyas
atenciones entiende que la medida de coerción que garantiza el sometimiento del
imputado al proceso es la presentación de una garantía económica y la presentación
periódica; c) La infracción que se le atribuye esté reprimida con pena de
libertad. Que se trata de un delito sancionado con condenas privativas de
libertad.
8: Que
el Juez en ningún caso está autorizado a aplicar medidas desnaturalizando su
finalidad, ni imponer otra más grave que la solicitada o cuyo cumplimiento
resulte imposible, por lo que en el presente caso somos de entender se
encuentran reunidos todos los presupuestos que determinan la imposición de
medidas de coerción, toda vez que el ministerio público ha aportado pruebas
suficientes que nos hacen presumir que con probabilidad el procesado es autor del
hecho de impactar en fecha 14 de Febrero del 2012 en la Av. Circunvalación
9: Que
en el mismo sentido el artículo 9 de la Resolución No. 1731
de fecha 15 de Septiembre del 2005, dictada por nuestra Suprema Corte de
Justicia, al fijar como: “Ámbito de la discusión. Para la imposición de
una medida de coerción, durante la audiencia serán escuchadas las partes
debidamente convocadas y de modo exclusivo sobre los siguientes puntos: 1) La ocurrencia
de un hecho tipificado como infracción penal; 2) Respecto de la probable
participación del imputado en el hecho, como autor o cómplice;
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3) Que la infracción apareje pena privativa de
libertad; y 4) Presunción razonable de que el imputado se presentará a los
actos del procedimiento y al pronunciamiento de la sentencia”.
10: Que
según lo que establece el artículo 228 del Código de Procedimiento Penal en el
sentido “A solicitud del ministerio público o del querellante, el juez puede
imponer una sola de las medidas de coerción previstas en este código o combinar
varias de ellas, según resulte adecuado al caso, y expedir las
comunicaciones necesarias para garantizar su cumplimiento. Cuando se ordene la prisión preventiva, no
puede combinarse con otras medidas de coerción. En ningún caso el juez está
autorizado a aplicar estas medidas desnaturalizando su finalidad ni a imponer
otras más graves que las solicitadas o cuyo cumplimiento resulta imposible”. Que
en la presente instancia el ministerio público ha solicitado la imposición de
la medida de coerción consistente en la prestación de una garantía económica
ascendente a la suma de RD$300,000.00 (Trescientos mil pesos), contenida en el
numeral 1 del artículo 226 del Código Procesal Penal y la presentación
periódica por ante la oficina del fiscalizador y la defensa no tuvo reparos,
por lo que procede acogerla de manera total, bajo la modalidad que se hace
constar en el dispositivo de esta decisión.
11: Que
en los casos en que se imponga la medida de coerción de garantía económica, el
artículo 235 del Código Procesal Penal fija que: “La garantía es presentada
por el imputado u otra persona mediante el deposito de dinero, valores, con el
otorgamientos de prendas o hipotecas sobre bienes libres de gravámenes, con una
póliza con cargo a una empresa de seguros dedicada a este tipo de actividades
comerciales, con la entrega de bienes, o la fianza solidaria de una o más
personas solventes. Al decir sobre la garantía, el juez fija el monto, la
modalidad de la prestación y aprecia su idoneidad. En ningún caso fija una garantía excesiva ni de imposible cumplimiento en
atención a los recursos económicos del imputado. El juez hace la estimación de
modo que constituya un motivo eficaz para que el imputado se abstenga de
incumplir sus obligaciones. El imputado y el garante pueden sustituirla por
otra equivalente, previa autorización del juez”.
12: Que
nuestra normativa procesal fija de manera clara los presupuestos a tomar en
cuenta para la determinación de si el imputado se encuentra en peligro de fuga
o no,
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cuando establece en su artículo 299 que: “Para
decidir acerca del peligro de fuga el juez toma en cuenta, especialmente, las
siguientes circunstancias: 1. Arraigo en el país, determinado por el domicilio,
residencia habitual, asiento de la familia, de sus negocios o trabajo y las
facilidades para abandonar el país o permanecer oculto. La falsedad o falta de
información sobre el domicilio del imputado constituye presunción de fuga; 2.
La pena imponible al imputado en caso de condena; 3. La importancia del daño
que debe ser resarcido y la actitud que voluntariamente adopta el imputado ante
el mismo; 4. El comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro
anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse o no a la
persecución penal”. Que el tribunal al ponderar la concurrencia de los
presupuestos señalados ha podido determinar que las medidas señaladas son las
que mejor garantizan en esta materia el sometimiento del imputado al
procedimiento, según la modalidad que se hace constar en el dispositivo de esta
decisión.
13: Que
según lo que establecido en el artículo 150 del Código Procesal Penal: “El
ministerio público debe concluir el procedimiento preparatorio y presentar el
requerimiento respectivo o disponer el archivo en un plazo máximo de tres meses
si contra el imputado se ha dictado prisión preventiva o arresto domiciliario,
y de seis meses, si ha sido ordenada otra de las medidas de coerción previstas
en el artículo 226. Estos plazos se aplican aun cuando las medidas de coerción
hayan sido revocadas…”.
POR TALES MOTIVOS y Vistos los artículos 8 de la Constitución de la República ; 15, 75, 150,
222, 226 al 229 y 235 del Código Procesal Penal; Le ley No. 241 de 1967 sobre
Tránsito de Vehículos; La
Resolución No. 1731 de fecha 15 de Septiembre del 2005 y Resolución
No. 295-05 de fecha 06 de Abril del 2005, ambas dictadas por la Honorable suprema Corte
de Justicia, La Magistrado Juezala Instrucción y en
atención a las normativas citadas:
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“RESUELVE”
PRIMERO:
En cuanto a la forma se acoge como buen y válida la solicitud de medida
de coerción hecha por el ministerio público. En cuanto al fondo impone como
medida de coerción la establecida en el Art. 226 numerales 1 y 4, consistente
en lo siguiente:
A) La presentación de una garantía económica
por el monto de Trescientos Mil Pesos Dominicanos (RD$300,000.00), a través de
una compañía aseguradora dedicada a esos fines;
B) La presentación por parte del
imputado una vez al mes ante la oficina del ministerio público adscrito a este
juzgado, hasta la culminación del proceso que es de seis (6) meses.
SEGUNDO:
SE ORDENA LA LIBERTAD
inmediata del imputado una vez haya cumplido las medidas impuestas.
TERCERO:
LE OTORGA al ministerio público un plazo de seis (6) meses a los fines
de que presente su requerimiento conclusivo.
CUARTO: La presente decisión vale notificación
para las partes presentes y representadas, ordenando a la secretaria de este
tribunal la entrega a las partes de la presente resolución a fin de que e caso
de inconformidad puedan interponer recurso en el plazo de diez (10) días.
QUINTO:
Compensando las costas.
Dada y firmada ha sido el acta de audiencia que
antecede por el Magistrado Juez de este tribunal. Dado a los Diez (16) días del
mes de Febrero del año 2012, año 168 de la Independencia y 149
de la Restauración.
IVELISSE MARMOL
Secretaria
La presente copia es fiel y conforme a su
original, en la ciudad de Santiago de los Caballeros, República Dominicana, a
los Diez (16) del mes de Febrero del año 2012, año 168 de la Independencia y 149
de la Restauración.
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